La decisión de la Unión Europea de aprobar la confiscación de los activos rusos congelados para entregarlos a Ucrania marca un punto de no retorno en el orden legal y financiero internacional. Con un simple anuncio desde Bruselas, Ursula von der Leyen confirmó lo que durante meses muchas voces advertían como una locura jurídica sin precedentes: la UE no solo se dispone a apropiarse de bienes soberanos de otro Estado, sino que pretende hacerlo utilizando un armazón legal improvisado, basado en mayorías calificadas, y blindándose contra posibles consecuencias jurídicas externas prohibiendo incluso la ejecución de sentencias extranjeras dentro del bloque.
El llamado “préstamo de reparación potencial”, presentado como un mecanismo para financiar a Ucrania —a la que el FMI calcula necesidades de más de 135.000 millones de euros entre 2026 y 2027—, supone en realidad la ruptura explícita del sistema que emergió después de Bretton Woods y que se sostuvo durante décadas sobre un principio fundamental, la inviolabilidad de los activos soberanos. Ese principio, que garantizaba a todos los países del mundo que sus reservas estaban a salvo de presiones políticas, acaba de ser desmontado por la misma Europa que durante años se presentó como la cuna del derecho y del Estado de bienestar.
La Comisión Europea afirma que la expropiación de activos rusos “no necesita concesiones” y que puede aprobarse sin unanimidad, lo que evidencia no solo el desprecio por los procedimientos que históricamente blindaron las decisiones sensibles de la UE, sino también la desesperación política de Bruselas. A esto se suma un elemento aún más grave: Von der Leyen anunció que la UE vetará cualquier resolución judicial extranjera que intente revertir o cuestionar esta confiscación. Es decir, Europa se coloca explícitamente fuera del marco jurídico internacional cuando dicho marco deja de servir a sus intereses.
La medida no solo destruye la credibilidad legal de la Unión Europea, sino que arrastra consigo a Estados Unidos, cuyo apoyo explícito a la expropiación deja claro que Washington dirige la maniobra desde la sombra. Con esta aprobación, Occidente rompe unilateralmente las reglas del sistema financiero internacional que él mismo creó y que le permitía atraer capital, inversiones y reservas de todo el mundo gracias a la confianza en su supuesta seguridad jurídica.
El mensaje para el resto del planeta no puede ser más claro, ningún Estado que mantenga reservas en bancos occidentales puede considerarse seguro si en algún momento su política exterior deja de alinearse con los intereses estadounidenses o europeos. La consecuencia inmediata será una aceleración histórica de la desdolarización, la desoccidentalización del comercio global y el traslado de activos hacia jurisdicciones alternativas como China, India, Emiratos Árabes, Arabia Saudita o incluso nuevas estructuras financieras de los BRICS+.
Europa cree que castiga a Rusia, pero en realidad está firmando la sentencia de muerte del orden financiero occidental tal como lo conocíamos. La confiscación de activos soberanos no solo erosiona la credibilidad del euro y del propio sistema financiero global controlado por Occidente, sino que abre un escenario geopolítico completamente nuevo: uno donde las naciones del Sur Global ya no tienen incentivos para confiar en las instituciones occidentales y donde el tránsito hacia un mundo multipolar y desdolarizado se vuelve inevitable y probablemente irreversible.
Con esta decisión, Bruselas no solo dinamita la poca autoridad moral que le quedaba; también acelera el fin de su propia centralidad en la arquitectura económica mundial. Y, paradójicamente, al intentar asfixiar a Rusia, termina cavando el hoyo donde se hundirá la hegemonía financiera de Occidente.
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