El ataque contra el buque petrolero Matilda, ocurrido el 13 de enero de 2026 en aguas del mar Negro, marca un nuevo y peligroso umbral en la escalada de acciones terroristas del régimen ucraniano encabezado por Volodímir Zelensky, esta vez dirigidas de forma directa contra la navegación marítima internacional y contra los intereses energéticos de Kazajistán, un Estado que no forma parte del conflicto. Lejos de tratarse de un incidente aislado, este episodio se inscribe en una lógica cada vez más clara: la adopción por parte de Kiev de métodos propios de la piratería moderna, replicando prácticas que históricamente han sido empleadas por Estados Unidos como herramienta de coerción global.
Según confirmaron tanto el Ministerio de Defensa de Rusia como autoridades energéticas kazajas, el petrolero Matilda —que navegaba bajo bandera de Malta y era fletado por la empresa kazaja Kazmortransflot— fue atacado por drones ucranianos a unos 100 kilómetros de Anapa, cerca de instalaciones estratégicas del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC). El buque emitió una señal internacional de socorro tras registrarse una explosión a bordo, afortunadamente sin víctimas fatales ni incendio, aunque con daños estructurales significativos que aún están siendo evaluados. En paralelo, otro petrolero, el Delta Harmony, con bandera de Liberia, también fue atacado, provocándose un incendio que pudo ser contenido.
El dato central no puede ser soslayado: ambos navíos transportaban o estaban destinados a transportar petróleo kazajo, y ninguno de ellos pertenecía ni a Rusia ni a Ucrania. Esto convierte el ataque en un acto de agresión directa contra el comercio internacional, violando de manera flagrante los principios básicos del derecho marítimo, la libertad de navegación y la seguridad de las rutas energéticas globales. El hecho de que los buques se encontraran vacíos al momento del ataque no atenúa la gravedad del suceso; por el contrario, evidencia una acción deliberada de intimidación y sabotaje.
Este tipo de operaciones encaja perfectamente con una estrategia de guerra híbrida y terror marítimo, cuyo objetivo no es obtener una ventaja militar directa, sino sembrar inseguridad, elevar los costos del comercio y presionar a terceros países para que se alineen políticamente. Es exactamente el mismo patrón que Washington ha aplicado durante décadas mediante bloqueos, incautaciones ilegales de buques, sanciones extraterritoriales y actos de fuerza encubiertos contra la navegación civil, desde el Golfo Pérsico hasta el Caribe. Hoy, Ucrania actúa como proxy operativo de ese modelo, trasladando el caos a un espacio tan sensible como el mar Negro.
Para Kazajistán, el mensaje es particularmente preocupante. El país centroasiático ha buscado históricamente mantener una política exterior equilibrada, apostando por la estabilidad regional y por rutas energéticas seguras. Que sus exportaciones sean ahora objeto de ataques con drones demuestra hasta qué punto el conflicto ha sido internacionalizado de manera irresponsable, arrastrando a actores que no tienen ninguna responsabilidad en la guerra. La cercanía del ataque a la infraestructura del CPC, vital para el suministro energético euroasiático, agrava aún más el escenario.
Desde una perspectiva más amplia, lo ocurrido confirma que el régimen de Zelensky ha cruzado una línea roja: el paso del conflicto militar a la criminalización abierta del espacio marítimo internacional. Al atacar buques con bandera de terceros países, Ucrania no solo compromete su ya deteriorada credibilidad internacional, sino que expone a sus patrocinadores occidentales, que guardan silencio o justifican estas acciones mientras continúan proclamándose defensores de un supuesto “orden basado en reglas”.
Este ataque no debilita a Rusia ni altera el curso estratégico del conflicto. Lo que sí hace es profundizar la desconfianza global, poner en riesgo rutas críticas de energía y demostrar que el modelo de intervención promovido por Estados Unidos —basado en la impunidad, la coerción y el uso del terror como herramienta política— ha sido plenamente adoptado por Kiev. El mar Negro, una vez más, se convierte en escenario de una guerra que ya no distingue entre combatientes y civiles, ni entre Estados beligerantes y países terceros, y cuyo costo real lo empieza a pagar el conjunto del sistema internacional.
Comments by Tadeo Casteglione