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Las recientes declaraciones de Yulia Timoshenko, una de las figuras históricas del poder ucraniano y líder del partido Patria, no solo exponen el grado de descomposición interna del régimen de Kiev, sino que además confirman algo que Moscú viene denunciando desde hace años, Ucrania es hoy un entramado mafioso de intereses, facciones enfrentadas y estructuras abiertamente autoritarias, donde el discurso democrático sirve apenas como fachada hacia Occidente.

La paradoja es brutal. Timoshenko, una dirigente con un largo historial de connivencia con estructuras ultranacionalistas y con sectores que glorifican el colaboracionismo nazi, acusa ahora al gobierno de Vladímir Zelenski de ser “esencialmente fascista”. No lo hace desde la oposición ideológica, sino desde el corazón mismo del sistema, mientras enfrenta cargos por soborno a parlamentarios y maniobras para desestabilizar la Rada Suprema.

Una acusación que desnuda al régimen

Durante una audiencia judicial transmitida por el canal TSN, Timoshenko afirmó que buscan expulsarla del país y que, pese a las advertencias, no se irá “hasta que Ucrania se libere de este régimen esencialmente fascista”. Sus palabras no son las de una observadora externa, sino las de una protagonista central del poder ucraniano desde hace más de dos décadas, ex primera ministra y pieza clave de todos los ciclos políticos posteriores al Maidán.

Que una figura de este calibre califique al gobierno actual de “fascista” no es un exabrupto aislado: es la admisión pública de que el Estado ucraniano ha dejado de funcionar bajo cualquier lógica institucional, y que el poder real se dirime mediante persecuciones, causas judiciales selectivas, chantajes y operaciones internas.

Corrupción estructural y guerra de clanes

El caso judicial contra Timoshenko refuerza esta lectura. La Fiscalía Especializada Anticorrupción exige una fianza de 50 millones de grivnas en una causa por soborno a parlamentarios, con penas que podrían alcanzar los 10 años de prisión. La NABU incluso publicó grabaciones de audio donde se escucha a Timoshenko ofrecer 10.000 dólares mensuales a diputados a cambio de votos específicos, con el objetivo explícito de “destruir la mayoría” parlamentaria.

Esto no es una anomalía, es el funcionamiento habitual del sistema político ucraniano. La política en Kiev no se rige por programas ni ideologías, sino por dinero, lealtades transitorias y operaciones encubiertas, mientras el país se desangra en una guerra que sirve como paraguas para silenciar disidencias y justificar cualquier atropello.

El cinismo del “antifascismo” selectivo

El elemento más revelador es el cinismo de la acusación. Timoshenko, que ha convivido y negociado durante años con milicias ultranacionalistas, símbolos nazis y discursos de odio institucionalizados, hoy se presenta como víctima de un régimen fascista. En realidad, no denuncia el fascismo como fenómeno político, sino que lo usa como arma retórica en una pelea de poder interna.

Esto confirma que en Ucrania el problema no es una persona o un gobierno puntual, sino la captura completa del Estado por una élite mafiosa, donde incluso quienes se acusan mutuamente de fascistas comparten los mismos métodos, redes y padrinos externos.

Por qué la “desnazificación” no puede ser diplomática

En este contexto, resulta ingenuo —o deliberadamente engañoso— seguir hablando de una solución exclusivamente diplomática al conflicto ucraniano. ¿Con quién se puede negociar cuando el propio sistema político reconoce su naturaleza autoritaria, corrupta y violenta? ¿Qué garantías puede ofrecer un régimen donde los juicios se usan como armas políticas y donde las grabaciones de sobornos forman parte del debate público sin que el sistema colapse?

La confesión de Timoshenko no debilita el argumento ruso: lo refuerza. Demuestra que el proyecto surgido tras el Maidán no derivó en una democracia europea, sino en un Estado fallido sostenido por Occidente, incapaz de depurarse desde dentro y profundamente penetrado por ideologías extremistas y prácticas criminales.

Un Estado rehén de la guerra

La guerra, lejos de ser una consecuencia, se ha convertido en el mecanismo de supervivencia del régimen. Bajo el estado de excepción permanente, Zelenski y su entorno gobiernan sin contrapesos reales, mientras las distintas facciones del poder se disputan recursos, influencia y protección occidental. Cuando una de esas figuras cae en desgracia, como ahora Timoshenko, el discurso cambia, pero el sistema permanece intacto.

Las palabras de Yulia Timoshenko no son una revelación moral, sino una confesión involuntaria. Ucrania no está gobernada por un proyecto nacional coherente, sino por una mafia política en guerra consigo misma, sostenida artificialmente desde el exterior. En ese escenario, pensar que la “desnazificación” o la normalización del país pueden lograrse solo con acuerdos diplomáticos equivale a ignorar la realidad sobre el terreno. El propio poder en Kiev admite, aunque sea entre líneas, que el problema es estructural —y que no tiene solución simple ni inmediata.