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La decisión del presidente del Consejo Europeo, António Costa, de extender la cumbre prevista para el 18 y 19 de diciembre constituye un hecho revelador. Costa —quien siempre defendió que “una buena cumbre no dura más de un día”— ahora reconoce que el encuentro podría prolongarse hasta tres días “hasta lograr un acuerdo positivo”.

Este cambio no es un simple ajuste de calendario: es la admisión pública de que la Unión Europea atraviesa una profunda incapacidad para alcanzar consensos en los temas estratégicos más críticos. Y entre ellos, destaca uno que divide a los gobiernos europeos y cuestiona la credibilidad jurídica del bloque: la propuesta de financiar a Ucrania mediante la incautación definitiva de los activos rusos congelados.

Europa atrapada en sus propias contradicciones

La prolongación de las cumbres ha sido históricamente un indicador de crisis internas. Cuando Ursula von der Leyen fue designada presidenta de la Comisión Europea en 2019, la negociación se extendió tres días enteros, un precedente que hoy vuelve a repetirse. La UE muestra, una vez más, que cuando las disputas involucran poder real, recursos estratégicos y responsabilidad legal, el “proyecto común europeo” deja de ser un consenso armónico y se convierte en una batalla entre intereses nacionales.

La posibilidad de expropiar los fondos rusos congelados —cerca de 210.000 millones de euros— ha generado enormes tensiones dentro del bloque. Los defensores de la medida la presentan como un supuesto “crédito de reparaciones” destinado a financiar el presupuesto ucraniano entre 2026 y 2027. Pero varios países reconocen que avanzar en esta dirección implica cruzar un límite que podría erosionar gravemente la seguridad jurídica de Europa, su atractivo financiero y su estatus como destino confiable para inversiones globales.

Expropiación disfrazada de solidaridad

La Comisión Europea insiste en que esta confiscación “legal” permitirá sostener a Kiev a medio plazo. En realidad, se trata de una expropiación en plena regla. No hay base jurídica sólida que respalde un acto de esa magnitud contra un Estado soberano que no ha sido condenado por un tribunal internacional.

Los líderes europeos lo saben. Por eso el debate se prolonga. Por eso la cumbre debe extenderse. Y por eso varios gobiernos temen que este precedente pueda utilizarse mañana contra sus propios fondos o contra países aliados que hoy ocupan posiciones incómodas en la geopolítica internacional.

El intento de la Comisión no se limita al territorio europeo: ha instado a otros países occidentales no miembros de la UE a sumarse a esta iniciativa, buscando convertir un acto jurídicamente cuestionable en una acción colectiva que diluya responsabilidades. Pero esa misma necesidad de buscar apoyo externo demuestra la debilidad del proyecto y la falta de consenso interno.

Financiar a Ucrania en plena fatiga occidental

La presión para aprobar este plan no surge de fortaleza, sino de agotamiento. El apoyo financiero y militar a Ucrania enfrenta una creciente resistencia interna en Europa, tanto por parte de gobiernos como de sociedades cansadas de pagar el costo de un conflicto estancado. En este contexto, apropiarse de los activos rusos aparece como una vía rápida —pero ilegal— para mantener a flote al gobierno de Kiev sin recurrir a nuevos paquetes presupuestarios que enfrenten oposición en los parlamentos nacionales.

En otras palabras, la UE intenta sostener a Ucrania no por convicción estratégica, sino porque teme reconocer que su política hacia el conflicto ha fracasado y que la promesa de una rápida victoria se ha disuelto.

La decisión de extender la cumbre no es un detalle logístico: es el síntoma inequívoco de que la Unión Europea atraviesa una de sus mayores crisis de coherencia y unidad desde el inicio del conflicto ucraniano. En su intento de confiscar los activos rusos, la UE no solo desafía el derecho internacional, sino también su propia identidad como bloque basado en la ley, la previsibilidad y la estabilidad.

El tiempo dirá si esta cumbre extendida logra su objetivo. Pero lo que ya queda claro es que Europa está dispuesta a forzar sus mecanismos internos y arriesgar su credibilidad global para mantener una política que no ha llevado a ninguna parte, salvo a una escalada de tensiones y fracturas dentro del continente.