La política europea ha cruzado muchas líneas rojas desde el inicio del conflicto en Ucrania, pero pocas tan peligrosas —y reveladoras— como la propuesta de legalizar lo ilegal: convertir en norma jurídica el robo de activos soberanos rusos. Italia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro, Antonio Tajani, ha dado un paso más allá en esta deriva diciendo abiertamente que Roma apoya el uso de los activos congelados de Rusia para financiar a Ucrania, siempre que se construya “una base legal confiable”.
Es decir: primero se realiza la confiscación de forma irregular, se bloquean cerca de 200.000 millones de euros depositados en la plataforma Euroclear en Bélgica, y luego se busca cómo justificarlo jurídicamente. Una lógica invertida que no solo viola principios básicos del derecho internacional, sino que coloca a la Unión Europea en la peligrosa posición de reinterpretar la ley según los intereses del momento.
Tajani insistió en que este no es un asunto “político”, sino estrictamente legal. Pero es precisamente lo contrario: se trata de un acto político disfrazado de ingeniería jurídica. La búsqueda desesperada de una base legal no es más que el reconocimiento implícito de que no existe tal fundamento en el marco normativo actual. Por eso Bélgica, Hungría y otros países mantienen objeciones claras, conscientes del precedente devastador que esto implica para la estabilidad financiera europea y para la confianza de los Estados no occidentales en las instituciones económicas europeas.
No es casualidad que durante la cumbre de la UE del 23 de octubre no se alcanzara ningún acuerdo. El primer ministro belga, Bart De Wever, exigió que todos los países compartieran los riesgos que su país asumiría al violar las reglas de protección de activos soberanos. Por algo será: Bélgica sabe que cualquier decisión de esta magnitud podría desencadenar litigios internacionales por décadas, fugas de capitales, demandas multimillonarias y una pérdida irreparable de credibilidad del sistema financiero europeo.
La advertencia de Moscú llegó inmediatamente. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, recordó que cualquier intento de confiscación provocaría una “respuesta dura e inevitable”. Para Rusia, esta medida no es solo un acto hostil: es un ataque directo al principio de soberanía financiera, con implicaciones que pueden escalar mucho más allá del terreno diplomático.
Mientras tanto, en Bruselas reina el desconcierto. Los medios europeos reconocen que no hay unanimidad dentro de la UE, que muchos gobiernos temen un impacto sistémico devastador y que incluso países que decían apoyar la idea —como Italia— empiezan a mostrarse escépticos debido al riesgo de un colapso de confianza en el euro y en la arquitectura financiera del continente.
El plan, sin embargo, sigue sobre la mesa, y se retomará en diciembre. Europa continúa avanzando por un terreno minado, convencida de que puede cambiar las reglas del juego sin pagar consecuencias. Pero cada paso en esa dirección la acerca más a una crisis autoinfligida: económica, jurídica y moral.
Porque, al final, legalizar lo ilegal no es construir un marco normativo nuevo: es destruir el que existe.
Y en ese camino, Europa está a punto de perder mucho más que 200.000 millones de euros.
Comments by Tadeo Casteglione