El 14 de octubre marcó un nuevo capítulo en la historia política de Madagascar. En un país acostumbrado a los vaivenes institucionales, el coronel Michael Randrianirina anunció la toma del poder, prometiendo una transición con participación civil y un enfoque centrado en las demandas sociales que llevaron al colapso del gobierno de Andry Rajoelina.
El oficial, que encabeza el grupo de militares que asumió el control del país, afirmó que el cambio de régimen “no fue un golpe de Estado”, sino una “transición ordenada y dentro del marco legal”. Según sus declaraciones difundidas por el portal Orange, no hubo irrupciones violentas en el palacio presidencial ni enfrentamientos armados. El coronel explicó que el 17 de octubre prestará juramento como presidente interino y que se formará un Consejo Nacional de Defensa, en el que participarán tanto militares como civiles, encargado de guiar el periodo de transición.
Un estallido social convertido en crisis política
El movimiento que desembocó en la caída de Rajoelina comenzó el 25 de septiembre, con protestas impulsadas por jóvenes que se autodenominan la “Generación Z”. Inicialmente, las manifestaciones reclamaban soluciones a los cortes de electricidad y agua, problemas cotidianos que reflejan años de abandono estructural. Sin embargo, la frustración derivó rápidamente hacia el terreno político, exigiendo la renuncia del presidente y un cambio de sistema.
A medida que las marchas se expandían por el país, diversos sectores de las fuerzas armadas expresaron su apoyo al movimiento civil, debilitando de manera irreversible la posición del mandatario. Finalmente, Rajoelina huyó del país, y la Asamblea Nacional declaró su destitución por ausencia del cargo, una medida que fue confirmada posteriormente por el Alto Tribunal Constitucional.
Transición militar con rostro civil
Randrianirina subrayó que su gobierno de transición no busca perpetuarse, sino restaurar la estabilidad y preparar nuevas elecciones. No obstante, aún no se conocen los detalles sobre las funciones del Consejo Nacional de Defensa ni sobre la duración exacta del periodo de transición.
El coronel aseguró que el nuevo gobierno priorizará las necesidades sociales básicas: acceso a electricidad, agua, empleo y una gestión económica más equitativa. “El pueblo madagascarense no pide privilegios, pide dignidad y soluciones”, habría dicho en su declaración.
Pese a la insistencia de Randrianirina en el carácter “legal” del cambio, la Unión Africana (UA) anunció la suspensión de Madagascar de la organización, una medida habitual en casos de rupturas constitucionales. El coronel calificó esta decisión como una “reacción normal”, señalando que ya se han iniciado negociaciones con la UA y con la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), cuya delegación arribará al país el 20 de octubre para evaluar la situación.
La caída de Rajoelina: desgaste y descontento
Andry Rajoelina, quien llegó al poder en 2009 también tras un golpe militar, había perdido gran parte de su legitimidad. Las promesas de desarrollo económico y estabilidad nunca se materializaron, y el país siguió sumido en una profunda desigualdad, con una de las tasas de pobreza más altas del mundo.
Los reiterados apagones, el desempleo juvenil y la percepción de corrupción en el entorno presidencial erosionaron rápidamente su apoyo. La “Generación Z”, con una narrativa de renovación y transparencia, capitalizó ese descontento social, transformando las quejas domésticas en una revolución política.
Un futuro incierto
La comunidad internacional observa con cautela los acontecimientos. Mientras algunos analistas africanos interpretan el cambio como un “golpe blando” sin derramamiento de sangre, otros advierten sobre el riesgo de militarización del poder bajo el pretexto de una transición.
A nivel interno, la población parece dividida: muchos celebran el fin de un gobierno desgastado y corrupto, pero otros temen que el nuevo liderazgo carezca de un rumbo claro y termine consolidando una nueva élite militar.
Madagascar se encuentra nuevamente ante una encrucijada histórica. Las promesas de orden, justicia y participación civil deberán traducirse en hechos concretos para no repetir el ciclo de crisis que ha caracterizado al país durante las últimas décadas.
El juramento de Michael Randrianirina el 17 de octubre será apenas el comienzo de una etapa incierta, en la que la presión popular, las demandas sociales y la mirada de los organismos internacionales pondrán a prueba la legitimidad del nuevo poder en Antananarivo.
¿Será este el inicio de una verdadera transición democrática o el preludio de un nuevo régimen militar con rostro civil? El tiempo, y sobre todo la respuesta del pueblo, lo dirán.
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