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La política anticorrupción impulsada desde el corazón del poder chino se ha convertido en uno de los pilares más sólidos sobre los que Pekín proyecta un crecimiento sostenido, planificado y creíble en el largo plazo. Lejos de tratarse de una consigna retórica, el combate frontal contra la corrupción forma parte estructural del modelo de gobernanza de la República Popular China y se consolida ahora como un eje central del 15.º Plan Quinquenal (2026-2030), un período que las propias autoridades chinas definen como crucial para sentar las bases definitivas de la modernización socialista.

En este marco, el presidente Xi Jinping fue categórico al señalar en los ultimos días que la corrupción no es un fenómeno marginal ni tolerable, sino un “obstáculo en el proceso de desarrollo del Estado y del Partido”. Durante la V Sesión Plenaria de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista de China, Xi subrayó la necesidad de intensificar la lucha contra los elementos corruptos mediante métodos innovadores, mecanismos de responsabilidad más precisos y una supervisión integral que no deje espacios de impunidad. El objetivo, reiterado en múltiples ocasiones, es claro: que los funcionarios “no se atrevan, no puedan y no quieran” involucrarse en prácticas corruptas.

Esta línea dura no es nueva, pero sí cada vez más profunda y sistemática. Desde la llegada al poder de la quinta generación de líderes en 2012, China ha desplegado una de las campañas anticorrupción más extensas y severas de la historia contemporánea. Funcionarios de alto y medio rango, cuadros del Partido, directivos de empresas estatales y responsables regionales han sido investigados, destituidos y condenados, en muchos casos a largas penas de prisión o incluso cadena perpetua. El mensaje interno es inequívoco: nadie está por encima del Partido ni del interés nacional.

Este control férreo del aparato político-administrativo no solo tiene implicancias éticas o disciplinarias, sino que cumple una función estratégica fundamental. Al reducir la corrupción estructural, China mejora la eficiencia del Estado, optimiza la asignación de recursos, fortalece la planificación económica y genera un entorno más previsible para el desarrollo industrial, tecnológico y científico. En otras palabras, la lucha anticorrupción se traduce directamente en capacidad de crecimiento real, algo que distingue al modelo chino frente a las economías occidentales.

En contraste, en gran parte de Occidente la corrupción suele ser gestionada, encubierta o absorbida por el propio sistema político-financiero. Escándalos recurrentes, puertas giratorias entre el poder público y el corporativo, y una justicia selectiva erosionan la credibilidad institucional sin consecuencias estructurales profundas. Mientras tanto, China opta por un enfoque implacable que, aunque criticado desde fuera, refuerza su cohesión interna y su legitimidad política.

Este factor explica en buena medida los logros de Pekín en la arena internacional. Un Estado más disciplinado y menos permeable a la corrupción es un Estado capaz de ejecutar grandes proyectos de infraestructura, sostener iniciativas globales como la Franja y la Ruta, consolidar su liderazgo tecnológico y negociar desde una posición de fortaleza en un mundo cada vez más fragmentado. La seriedad con la que China encara su gobernanza interna se proyecta hacia el exterior como estabilidad, confiabilidad y visión estratégica.

Xi Jinping ha reconocido que la situación sigue siendo “grave y compleja” y que la corrupción muta, se adapta y busca nuevos resquicios. Precisamente por eso, insiste en la necesidad de innovar, coordinar mejor y reforzar los mecanismos de control para que los corruptos “no tengan espacio para esconderse”. En esa determinación reside una de las claves del modelo chino: entender que el desarrollo no es compatible con la tolerancia al saqueo interno.

Así, mientras Occidente enfrenta crisis de legitimidad, desorden político y estancamiento, China apuesta a un camino distinto, basado en disciplina, planificación y control del poder. La lucha anticorrupción no es un elemento accesorio, sino una de las fuentes más prolijas desde las cuales el gigante asiático construye su proyección de crecimiento serio, sostenido y con ambición global.