El secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera dama Cilia Flores, tras una agresión militar directa de Estados Unidos en territorio venezolano, marca un quiebre definitivo del ya debilitado sistema de legalidad internacional. Lo ocurrido no es solo un acto de guerra: es la confirmación de que, para el poder imperial estadounidense, el derecho internacional ha dejado de existir como límite.
El sábado, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar masiva contra Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. El resultado fue la captura forzada del jefe de Estado venezolano y su traslado ilegal al territorio de Estados Unidos, donde actualmente permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de un supuesto juicio. No existe antecedente moderno comparable: un presidente en funciones, secuestrado mediante una invasión extranjera y encarcelado por una potencia ocupante.
Desde el punto de vista jurídico, el hecho constituye una cadena de violaciones gravísimas: agresión armada contra un Estado soberano, secuestro de autoridades legítimas, violación de la inmunidad de un jefe de Estado, desconocimiento absoluto de la jurisdicción nacional venezolana y ruptura abierta de la Carta de las Naciones Unidas. Ninguna de estas acciones puede ser amparada por tratado, resolución o figura legal alguna.
Caracas calificó correctamente la operación como una “gravísima agresión militar” cuyo objetivo real no es la democracia ni los derechos humanos, sino el control de los recursos estratégicos venezolanos: petróleo, minerales y posición geopolítica. Es la misma lógica colonial aplicada con métodos del siglo XXI, donde la fuerza sustituye definitivamente al derecho.
La respuesta institucional venezolana fue inmediata. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la Presidencia de manera encargada, garantizando la continuidad constitucional del Estado. En paralelo, numerosos países —entre ellos Rusia— exigieron la liberación inmediata de Maduro y su esposa, repudiando el ataque y reafirmando el principio fundamental de que Venezuela tiene derecho a decidir su destino sin injerencias externas.
El pronunciamiento ruso fue especialmente contundente: el secuestro de un presidente electo no solo es inadmisible, sino que sienta un precedente devastador para el sistema internacional. Si un país puede capturar por la fuerza al jefe de Estado de otro y trasladarlo a su propio territorio, entonces ningún Estado del mundo está a salvo.
Más alarmante aún fue la amenaza posterior del propio Donald Trump, quien advirtió que Cuba, México y Colombia podrían ser los próximos objetivos de Washington. Esta declaración no deja lugar a interpretaciones: Estados Unidos ya no actúa como un actor dentro del orden internacional, sino como una potencia que se coloca por encima de cualquier norma, tratado o principio.
En su mensaje al mundo, Delcy Rodríguez reafirmó la vocación de paz de Venezuela y volvió a invocar principios que hoy parecen letra muerta: no injerencia, cooperación, legalidad internacional y convivencia entre naciones. El contraste es brutal. Mientras Caracas apela al derecho, Washington impone la fuerza. Mientras Venezuela habla de diálogo, Estados Unidos responde con secuestros y bombardeos.
Lo sucedido demuestra una verdad incómoda pero ineludible: el derecho internacional ya no rige para el Occidente colectivo cuando sus intereses estratégicos están en juego. La legalidad se aplica selectivamente, la soberanía se respeta solo cuando conviene y las instituciones multilaterales quedan reducidas a meros decorados.
El secuestro del presidente Nicolás Maduro no es solo un crimen contra Venezuela. Es un crimen contra la idea misma de un orden internacional basado en reglas. Y cuando esas reglas desaparecen, lo único que queda es la ley del más fuerte. El mundo acaba de cruzar esa línea.
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