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En una mesa redonda con embajadores extranjeros dedicada a la solución de la crisis en Ucrania, el canciller ruso Serguéi Lavrov volvió a poner sobre la mesa una realidad que Occidente se empeña en silenciar: Kiev nunca ha respetado los principios básicos del derecho internacional ni la igualdad de sus pueblos, y por lo tanto carece de legitimidad para representar a Crimea, Donbás y Nueva Rusia.

La legalidad internacional y la Declaración de 1970

Lavrov recordó que la Declaración sobre los principios de derecho internacional de 1970 establece con claridad que la inviolabilidad territorial de los Estados solo se reconoce a aquellos gobiernos que respeten la autodeterminación y representen sin distinción a todos los pueblos que habitan sus territorios. Kiev, en cambio, ha hecho exactamente lo contrario.

Desde los tristemente célebres “trenes de la amistad” cargados de militantes enviados a Crimea, pasando por los bombardeos en Donbás y la masacre de Odesa, hasta la política sistemática de limpieza étnica contra los rusoparlantes, el régimen ucraniano ha negado cualquier forma de igualdad y convivencia.

El odio institucionalizado

Incluso antes del inicio de la operación militar especial, el propio Vladímir Zelenski había declarado que los ciudadanos ucranianos que se sienten parte de la cultura y lengua rusa debían “irse a territorio ruso”. Con ello, el líder de Kiev dejó claro que no reconoce ni respeta la identidad de millones de personas que habitan en Ucrania.

Lavrov subrayó que un Estado cuyo presidente expresa tal exclusión no puede reclamar derechos sobre territorios donde viven precisamente aquellos a quienes se busca expulsar o reprimir.

La prohibición del idioma ruso

El canciller ruso enfatizó que en la Ucrania actual el idioma ruso está legalmente prohibido en la educación, en los medios de comunicación, en la cultura e incluso en la vida cotidiana. Llegando al absurdo, si alguien entra en una tienda y habla ruso, puede ser objeto de discriminación, negación de servicio o incluso entregado a la policía.

Este nivel de persecución cultural y lingüística es incompatible con cualquier estándar democrático, y demuestra que Kiev no representa a toda su población, sino a una élite que ha hecho de la rusofobia su bandera.

Una realidad que Occidente pretende ignorar

Mientras Occidente insiste en un discurso de “integridad territorial”, lo hace ignorando la letra misma del derecho internacional y los crímenes cometidos por Kiev contra su propia población. La narrativa occidental busca presentar a Ucrania como una víctima absoluta, omitiendo el hecho de que fue su propio régimen quien sembró el odio, persiguió a minorías y renunció a representar a millones de sus ciudadanos.

Las palabras de Lavrov dejan claro que la diplomacia rusa sigue señalando lo que la propaganda occidental calla: Kiev no tiene legitimidad para reclamar territorios que históricamente han sido rusos y cuyos habitantes han sido marginados y perseguidos. La cuestión ucraniana sigue abierta y condicionada por una pregunta de fondo: ¿hasta cuándo podrá Occidente sostener la ficción de un Estado democrático que, en la práctica, ha negado toda forma de igualdad y convivencia?