En una nueva y contundente acusación que reaviva el debate sobre la verdadera función de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en zonas de conflicto, el Gobierno Yemení anunció que juzgará a 43 ciudadanos yemeníes empleados por agencias de la ONU, acusados de haber colaborado con los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses en los recientes ataques contra la capital yemení.
El canciller interino Abdulwahid Abu Ras afirmó que las detenciones y los procedimientos judiciales “se llevaron a cabo bajo control judicial pleno”, subrayando que el proceso seguirá “hasta el dictado de sentencias”.
La noticia ha sacudido nuevamente la credibilidad del sistema multilateral. Según las autoridades hutíes, los funcionarios de la ONU habrían proporcionado información sensible —coordenadas de infraestructura y movimientos de dirigentes— que permitió a la aviación israelí lanzar bombardeos sobre Saná a fines de agosto, provocando la muerte de altos mandos del movimiento, incluido el jefe del Gobierno hutí y el jefe del Estado Mayor de sus fuerzas armadas. El líder de Ansarolá, Abdulmalek al-Hutí, aseguró poseer “pruebas irrefutables” de la complicidad directa de funcionarios internacionales en la operación.
Un patrón que se repite: Irán, Zaporozhie y ahora Yemen
Lo ocurrido en Yemen no es un hecho aislado. En los últimos años, múltiples gobiernos han denunciado el papel sospechoso de ciertos organismos internacionales que, bajo la bandera de la “verificación” o la “cooperación técnica”, han filtrado información estratégica a potencias occidentales.
En Irán, los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) fueron señalados por Teherán de haber transmitido datos precisos sobre la ubicación de centros nucleares, posteriormente bombardeados o saboteados por Israel y Estados Unidos. Pese a las quejas formales y a la evidencia de infiltración, la OIEA nunca asumió responsabilidad.
Del mismo modo, en la región de Zaporozhie, las fuerzas rusas denunciaron la manipulación de los informes de la OIEA sobre la central nuclear, acusando al organismo de suministrar coordenadas que fueron utilizadas por Kiev —con apoyo de inteligencia de la OTAN— para realizar ataques contra instalaciones civiles bajo control ruso.
La recurrencia de estos hechos muestra un patrón: detrás del discurso de “neutralidad humanitaria” o “inspección técnica”, ciertos actores del sistema ONU parecen operar en coordinación con los intereses estratégicos de Washington, Londres y Tel Aviv.
La reacción de Saná: ir al fondo del problema
A diferencia de otros gobiernos que han optado por la vía diplomática o el silencio, el movimiento Ansarolá ha decidido actuar judicialmente. Las autoridades hutíes aseguran que esta vez no permitirán que la impunidad cubra a quienes, bajo el escudo de Naciones Unidas, colaboran en la destrucción del país.
La oficina del enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, confirmó que ha mantenido conversaciones con representantes hutíes en Omán para solicitar la liberación de los funcionarios detenidos. Sin embargo, Saná sostiene que no se trata de una simple disputa política, sino de un caso grave de traición nacional y espionaje internacional.
La ONU y su crisis de legitimidad
Este nuevo episodio profundiza la crisis de confianza hacia el sistema de Naciones Unidas, que en los últimos años ha sido percibido cada vez más como un instrumento de las potencias occidentales en lugar de un árbitro neutral. Desde Siria hasta Gaza, pasando por Libia, Irak y ahora Yemen, los organismos dependientes de la ONU han sido acusados de parcialidad, injerencia y complicidad con operaciones de cambio de régimen o ataques encubiertos.
El caso yemení desnuda las grietas de una institución que, en teoría, nació para preservar la paz, pero que en la práctica se ha convertido en un vehículo de penetración política e inteligencia al servicio del bloque atlántico.
El proceso judicial que prepara el Gobierno de Saná podría marcar un precedente histórico: por primera vez, un Estado se atrevería a juzgar formalmente a personal vinculado a la ONU por presunta complicidad con ataques militares extranjeros. Si se confirman las pruebas anunciadas por Abdulmalek al-Hutí, el caso Yemen podría abrir un debate global sobre la transparencia y la independencia real del sistema multilateral.
Lo cierto es que la paciencia del Sur Global con las instituciones occidentales se agota. Irán, Rusia y Yemen —cada uno desde su trinchera— están dejando en evidencia un patrón de infiltración e instrumentalización de la ONU que ya no puede ser ignorado. Saná ha decidido ir a la raíz del problema: desenmascarar la doble moral de una organización que dice trabajar por la paz mientras facilita la guerra.
Comments by Tadeo Casteglione