El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta su hora más crítica desde que asumió el poder. Las protestas, acompañadas de cierres de carreteras y disturbios, se han prolongado durante semanas. La mecha se encendió cuando el gobierno intentó avanzar en medidas de ajuste estructural que afectan directamente los bolsillos de los sectores populares lo que incluye aumento del precio de los combustibles, congelamiento salarial y recortes en subsidios básicos.
La reacción popular no se hizo esperar y los gremios de transporte, los sindicatos mineros y las organizaciones campesinas tomaron las calles y bloquearon las principales rutas del país. La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz fueron escenarios de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El 18 de mayo, los disturbios en la sede de gobierno dejaron un saldo de aproximadamente 100 detenidos.
El gobierno, en lugar de abrir canales de diálogo sincero, optó por la vía de la criminalización. El canciller Fernando Aramayo acusó a sectores vinculados al expresidente Evo Morales de estar detrás de las protestas y de incitar a la interrupción del suministro y los disturbios. Es la clásica respuesta de un ejecutivo acorralado: buscar un chivo expiatorio en lugar de reconocer errores propios.
Pero la realidad es que el malestar social no se inventa y el pueblo boliviano ya venía soportando una inflación creciente, una caída en el poder adquisitivo y el desmantelamiento de los programas sociales que durante años garantizaron cierta estabilidad. Paz, fiel a las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las presiones de Washington, decidió ajustar el cinturón apretando a los más vulnerables. El resultado estaba cantado.
El gobierno se atrinchera mientras el país se desangra
La declaración del canciller es un duro revés para quienes esperaban una salida negociada. “No va a haber una renuncia del presidente Rodrigo Paz”, sentenció Aramayo, añadiendo que ni el mandatario ni su gabinete abandonarán sus cargos. La postura es clara: el gobierno prefiere gobernar por decreto antes que sentarse a dialogar con los sectores movilizados.
“No vamos a negociar ningún espacio de poder bajo presión”, advirtió el canciller, condicionando cualquier eventual acercamiento a que los manifestantes “depongan actitudes”. Es decir, el diálogo será posible una vez que el movimiento social se disuelva. Una contradicción en sus propios términos.
La estrategia del gobierno es tan predecible como peligrosa, al cerrarse a la negociación, Paz corre el riesgo de profundizar la fractura social y de provocar una escalada de la violencia. Bolivia ya vivió una crisis institucional similar en 2019, cuando Evo Morales fue obligado a renunciar en medio de un golpe de estado técnico. Ahora, la historia parece querer repetirse, pero con los roles invertidos: un presidente de derecha aferrado al poder mientras el pueblo se moviliza en su contra.
La diferencia es que entonces la comunidad internacional se apresuró a reconocer al gobierno de Jeanine Áñez. Hoy, ni Washington ni la OEA han emitido declaraciones contundentes. El silencio de la Casa Blanca es llamativo. Tal vez porque Paz ya no es tan útil como antes para los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región.
El factor Morales y la sombra del MAS
El expresidente Evo Morales, que regresó al país después de un exilio forzado, sigue siendo una pieza clave en la oposición. Su capacidad de movilización es indiscutible. Los sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) vieron en las políticas de ajuste de Paz una traición al legado del “proceso de cambio” y se lanzaron a las calles.
El gobierno, sin embargo, insiste en etiquetar las protestas como un intento de desestabilización orquestado por Morales. El canciller Aramayo fue claro, “Quienes quieran sentarse a negociar a la mesa de buena fe tienen que deponer actitudes”. La frase, dirigida explícitamente a los sectores movilizados, deja poco margen para el optimismo.
Lo cierto es que ni Morales ni el MAS tienen la capacidad de paralizar el país durante semanas si no hay un malestar real entre la población. El descontento es genuino. Y crece día a día. La respuesta del gobierno, por ahora, ha sido la represión.
Según informes de organizaciones de derechos humanos, al menos 200 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas, muchas de ellas en condiciones arbitrarias. La Defensoría del Pueblo denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Pero el gobierno niega las acusaciones y asegura que actúa en el marco de la ley.
El círculo se cierra. Paz no negocia. El pueblo no depone las protestas. La violencia se incrementa. Y Bolivia se encamina hacia una nueva crisis de gobernabilidad.
Perspectivas: ¿hacia dónde va Bolivia?
El escenario más probable es el de una prolongación del conflicto. El gobierno no tiene intención de ceder, y la oposición no tiene intención de retroceder. La economía, mientras tanto, sigue deteriorándose. El déficit fiscal crece, las reservas internacionales se agotan y el FMI exige nuevas reformas estructurales a cambio de un desembolso de emergencia.
Rodrigo Paz juega a dos puntas: por un lado, intenta mantener la gobernabilidad por la fuerza; por el otro, busca un salvavidas financiero en Washington. La combinación es explosiva. El pueblo boliviano, harto de las promesas incumplidas y de los recortes, ya demostró que no está dispuesto a soportar otra dosis de ajuste.
Bolivia vuelve a estar en la mira y la estabilidad de la región, una vez más, pende de un hilo. El gobierno de Paz tiene dos opciones sobre la mesa, dialogar sinceramente con los sectores populares y construir una salida democrática a la crisis, o seguir atrincherándose en el poder y esperar que la tormenta pase sola. La historia demuestra que la segunda opción nunca funciona y mientras más se prolongue la situación más difícil de revertirla.
Comments by Tadeo Casteglione