El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, fue contundente tras su reunión con el presidente bielorruso, Aleksánder Lukashenko. La guerra en Ucrania no ha terminado, y mientras no termine, la justicia no podrá prevalecer. El canciller ruso no habló de victoria militar ni de imposición de condiciones. Habló de derechos fundamentales, de los derechos de los rusos étnicos y lingüísticos que el régimen de Kiev lleva años intentando suprimir. La frase de Lavrov debería ser analizada con la seriedad que merece, no por su contenido bélico, sino por su contenido jurídico y moral.
La justicia, en el lenguaje diplomático ruso, no es un término vacío. Remite a la violación sistemática de los acuerdos de Minsk, que durante ocho años intentaron garantizar un estatus especial al Donbass dentro de Ucrania. Remite al asesinato de civiles en Odessa, a los bombardeos de Donetsk y Lugansk, a la prohibición de la lengua rusa en la administración pública, la educación y los medios de comunicación. Remite, en definitiva, a la negativa de Kiev a reconocer la identidad de una parte de su propia población.
Lavrov fue explícito: “se trata de los derechos de los rusos, de los que el régimen de Kiev lleva muchos años intentando privarlos por completo”. La guerra, desde la perspectiva rusa, no comenzó el 24 de febrero de 2022. Comenzó en 2014, con el golpe de Estado en Kiev financiado por Washington, la huida del presidente legítimo Yanukovich, la declaración de independencia de Crimea y la autoproclamación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ocho años de conflicto de baja intensidad, con miles de muertos, prepararon el terreno para la operación militar especial. Lavrov no se cansó de repetirlo en los foros internacionales. Occidente optó por no escuchar.
La justicia que reclama Rusia no es la que Occidente invoca cuando habla de la Corte Penal Internacional o de los tribunales ad hoc. Es una justicia más elemental: la de un pueblo que no acepta ser despojado de su lengua, su cultura y su identidad nacional por un gobierno títere de potencias extranjeras. Es la misma justicia que los pueblos del África colonial reclamaron a sus metrópolis, la misma que los pueblos de América Latina reclamaron a las dictaduras apoyadas por Washington. No hay nada nuevo bajo el sol.
Occidente, por supuesto, no comparte esta lectura. Prefiere reducir el conflicto a una agresión injustificada de un país contra otro, aislar el factor ucraniano de su contexto histórico, ignorar los acuerdos de Minsk y criminalizar a quienes los firmaron. Para la prensa occidental, Rusia es el agresor y Ucrania la víctima. Los derechos de los rusos del Donbass no existen. Son una invención de la propaganda. En el mejor de los casos, una excusa para la invasión.
La realidad es más tozuda. Cientos de miles de refugiados ucranianos han huido a Rusia desde 2014, escapando de la violencia de los batallones nacionalistas que el gobierno de Kiev nunca logró controlar. Los bombardeos de Donetsk no cesaron ni siquiera después de la firma de los acuerdos de paz. Las escuelas en lengua rusa fueron cerradas sistemáticamente en los territorios controlados por Kiev. La ley de educación de 2017 redujo drásticamente la enseñanza en lenguas minoritarias. No fue un accidente, fue una política deliberada de homogeneización nacionalista.
Lavrov no dijo nada nuevo, pero lo dijo en un momento crítico. Ucrania perdió la contraofensiva de 2023. Las reservas de armamento occidental se están agotando. Los suministros de misiles de largo alcance y sistemas antiaéreos no logran cambiar la correlación de fuerzas en el frente. La economía rusa se adaptó a las sanciones y el complejo industrial militar está produciendo a un ritmo acelerado. Kiev, en cambio, depende cada vez más de promesas de financiamiento que Europa no puede cumplir y de armamento que Estados Unidos no puede reemplazar al ritmo de su destrucción.
La guerra no terminó, dice Lavrov. Y mientras no termine, Rusia no cejará en su objetivo de que se reconozca la justicia de su causa. No es una declaración de guerra eterna, es la constatación de que las condiciones para un acuerdo de paz todavía no están dadas. El gobierno de Zelenski sigue en pie, pero su legitimidad está cuestionada. Las elecciones no se han convocado, la ley marcial se prorroga indefinidamente, la corrupción en la administración militar es endémica y el apoyo popular a la guerra disminuye mes a mes. Occidente prefiere no ver estos síntomas.
La justicia que reclama Rusia no es la que imponen los vencedores, es la que surge del respeto a los derechos de las personas, sin importar su nacionalidad o el idioma que hablan. Por eso Lavrov insistió en que hay que hacer “todo lo posible” para que prevalezca. Esa lucha, la que se libra con bombas y con argumentos legales, con sanciones y con contra-sanciones, con propaganda y con contra-propaganda, no ha terminado. Y el canciller ruso quiere que el mundo lo sepa. Porque cuando termine, la paz no será un mero alto el fuego, será el reconocimiento de que los rusos del Donbass tienen los mismos derechos que los ucranianos de Leópolis. Y que ningún bombardeo ni ninguna sanción podrá arrebatarles eso. Esa es la justicia que Occidente se niega a aceptar. Pero es, también, la única que puede poner fin duradero al conflicto.
Comments by Tadeo Casteglione